PREGÚNTANOS

 

Como orientación sobre la vía judicial de subsidiación de los afectados por la Ley 4/2013 Disp. Adic. Segunda, tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, la Associació Impagats Habitatge CV informa:

Recomendamos que se continúe presentando la solicitud de prórroga, así como el posterior recurso de alzada, tal como se venía haciendo. Este trámite en vía administrativa, que no supone ningún coste económico, podría servir de referencia en el caso de que se pudiera recuperar nuestro derecho por otras vías.

Para los procedimientos judiciales ya iniciados o en suspensión, los abogados de los convenios han estudiado, caso por caso, los pasos a seguir. Ante cualquier duda, los afectados que se encuentren en estas circunstancias pueden ponerse en contacto con ellos.

Inicio de nuevos procedimientos judiciales: En el caso de que la resolución contenga un reconocimiento explícito de “10 años” de subsidiación (véase, por ejemplo, la resolución VPNC-510), los abogados podrían valorar la posibilidad de iniciar una nueva demanda judicial.

También cabe estudiar los casos de las prórrogas cuya solicitud fue presentada con suficiente anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4/2013 (6/6/2013), pero resuelta negativamente después de esta fecha. Esta es una cuestión que básicamente depende de los plazos transcurridos. Esta opción puede consultarse con los abogados del convenio.

En otros casos, dentro de los convenios establecidos con la Asociación, no se iniciarán nuevos procedimientos judiciales al respecto. Otras opciones, como la justicia gratuita u otras vías, se dejan a la libre elección de los afectados.

La sentencia del Tribunal Constitucional nos ha despojado de nuestros legítimos derechos. No es una metáfora, sino la realidad. 

Tras este duro golpe a las demandas de los afectados, queremos proclamar la disposición de la Asociación a seguir trabajando con todos vosotros para recuperar el legítimo derecho  a prorrogar nuestras ayudas reconocidas, que el Gobierno de Rajoy nos ha sustraído a miles de familias, bien a través de la vía política, bien de las instituciones europeas.

NOTA: Estas orientaciones no aplican a los afectados por el RD-20/2012 Art. 35

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